Hola, querida comunidad. Hoy abordaremos un tema que preocupa a todos los que utilizamos medios de pago electrónicos: las estafas bancarias. La comodidad de las transferencias bancarias, los pagos con tarjetas de débito y crédito, y las aplicaciones de pago es innegable, pero ¿qué pasa cuando alguien sustrae dinero de nuestras cuentas? Ese placer se convierte en angustia y, sobre todo, en un desafío para quienes buscan soluciones y justicia.
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Las Estafas y la Carga de la Prueba en Disputas Bancarias
Existen dos escenarios principales ante una posible estafa: que el afectado sea un consumidor o una empresa. En el caso de los consumidores, la protección suele ser mayor, dado que se amparan en la legislación de defensa del consumidor. Para las empresas, en cambio, las exigencias probatorias aumentan. Según el marco legal, quien invoca una firma electrónica, es decir, el banco o la entidad, es quien tiene la carga de la prueba. Esto significa que, si el cliente niega haber autorizado una transacción, la entidad debe demostrar la autenticidad de dicha firma o transacción.
Por ejemplo, en algunos casos, personas transfieren dinero a conocidos y luego niegan la transacción, presentándola como fraudulenta. Estos son los llamados "auto-fraudes". Los bancos, al recibir una denuncia de este tipo, suelen limitarse a verificar que se hayan utilizado los factores de autenticación de la cuenta y, de inmediato, rechazan el reclamo sin realizar mayores investigaciones.
El Caso Portillo vs. Mercado Libre: Un Precedente Importante
Un caso relevante fue la causa Portillo contra Mercado Libre, en la cual se rechazó la demanda del cliente porque las transacciones, tanto las que él reconocía como las que él decía desconocer, se realizaron desde la misma dirección IP. Esta evidencia fue interpretada como indicio de que las transacciones contaban con la voluntad del usuario. Este argumento técnico demostró la importancia de analizar las conexiones IP en las disputas de fraudes bancarios.
La Colaboración del Banco en la Investigación: Una Obligación y un Derecho
En otra causa en la que me tocó participar como perito de control de la actora, el cliente había accedido a la página de su banco a través de Google. Al hacerlo, en lugar de ingresar al sitio legítimo, terminó en una página espejo—una réplica visual de la página del banco oficial, diseñada para obtener datos de acceso del usuario. Sin saberlo, el cliente proporcionó sus credenciales y PIN, creyendo estar en un entorno seguro. Este tipo de estafas, conocidas como "phishing", representan un serio riesgo, pues el usuario puede fácilmente confundir el sitio fraudulento con el original.
Durante el juicio, se observó que el banco no mostró disposición a colaborar con la investigación pericial. Ante la solicitud de mostrar las medidas de seguridad implementadas, la entidad respondió que dicha información era confidencial y que el perito debía obtener los datos directamente del Banco Central. Además, el banco se negó a proporcionar registros completos de IP y otros reportes solicitados, limitándose a entregar únicamente un informe parcial al perito oficial. Esta actitud pone en evidencia la falta de transparencia que puede entorpecer el esclarecimiento de fraudes, especialmente en casos donde es esencial verificar la autenticidad de las transacciones.
¿Cuál es la Solución? Mayor Transparencia y Mejores Protocolos de Seguridad
La falta de colaboración y transparencia no solo afecta el proceso judicial, sino que también afecta la confianza en los sistemas de pago electrónico. Así como los consumidores y las empresas confiamos en la seguridad de las plataformas bancarias, esperamos que, en casos de irregularidades, la investigación sea exhaustiva y que las instituciones financieras actúen con transparencia.
La importancia de realizar investigaciones detalladas y de colaborar con los peritos es fundamental para garantizar que se haga justicia en estos casos. Los bancos deben entender que la confidencialidad no puede ser utilizada como un escudo ante la responsabilidad de proteger los datos y fondos de sus usuarios. Para ello, es crucial que los bancos implementen mecanismos de seguridad y protocolos de colaboración claros, de modo que tanto consumidores como empresas puedan confiar en que sus denuncias serán tratadas con seriedad y que las investigaciones llegarán a un resultado justo.
Reflexión Final
Este caso en particular aún está en trámite, y esperamos que se llegue a una resolución que sirva como referencia para futuros incidentes. En conclusión, aunque los pagos electrónicos nos benefician, debemos ser cautelosos y exigir que los bancos y demás entidades financieras no solo cuenten con protocolos de seguridad, sino que también asuman su rol en la carga probatoria de transacciones cuestionadas.
Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en la próxima.
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