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Hola querida comunidad,
Hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que me ocurrió recientemente en un tribunal del interior de la provincia de Córdoba. Como sabemos, estos tribunales suelen presentar particularidades que no se dan con tanta frecuencia en la capital.
En otras oportunidades he hablado sobre el riesgo que implica la demora en la obtención de historias clínicas digitales. Estos documentos pueden ser editados o eliminados si el sistema lo permite, lo que representa un problema cuando una institución es notificada de una causa judicial relacionada con un paciente o un tratamiento específico.
Para evitar este tipo de alteraciones, la normativa exige que el secuestro de la historia clínica se realice sin previo aviso a la institución. Este procedimiento requiere la intervención de un asesor letrado, un oficial de justicia y un perito informático.
En el caso que me tocó presenciar, la geografía tuvo un papel fundamental. Se debía acceder a dos lugares diferentes: uno en un pueblo alejado, donde se necesitó la intervención de un juez de paz, y otro en la ciudad de Córdoba, donde yo mismo resido como perito informático oficial. Además, la causa contaba con beneficio de litigar sin gastos, por lo que no existían costos asociados al procedimiento.
El tribunal del interior emitió un oficio dirigido a un tribunal de la ciudad de Córdoba, pero en dicho documento no se solicitó expresamente la participación del perito informático en el procedimiento. Como resultado, solo intervinieron el oficial de justicia y el asesor letrado. De esta manera, se generaron dos documentos: un acta del procedimiento, firmada por el oficial de justicia, y la historia clínica en formato PDF, exportada directamente desde el sistema informático.
Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento, sí se me requirió que verificara la validez de los documentos obtenidos. Mi tarea consistió en analizar la validez de la firma digital y realizar un peritaje estructural del archivo PDF para asegurarme de que había sido generado por el sistema y no alterado de ninguna forma. Para ello, existen técnicas informático-forenses que permiten detectar cualquier modificación.
¿Cuál es la reflexión que me deja esta experiencia? En los tribunales del interior, suele evitarse solicitar la intervención presencial de los peritos sorteados cuando no hay fondos para cubrir los gastos de traslado, reservando su participación solo para casos excepcionales. Sin embargo, en esta situación particular, el tribunal no tuvo en cuenta que el perito oficial residía en la misma ciudad donde se debía llevar a cabo el procedimiento, lo que hubiera permitido su participación sin generar costos adicionales.
Si bien la ausencia del perito informático en la etapa inicial no tuvo un impacto determinante en el procedimiento, cuando las circunstancias lo permiten, es fundamental que el perito informático participe desde el inicio para garantizar la integridad de la evidencia digital.
Esa fue mi anécdota de hoy. Nos vemos en la próxima.
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