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La necesidad de definir buenas prácticas para la preservación y Autenticidad en la Evidencia Electrónica.
Z. A, F. A. c/ C. S.A.S., Juzgado Civil, Comercial, Concursal y de Familia de 2.ª Nominación de Jesús María, Córdoba. (s.f.). Ordinario – Despido.
La utilización de sistemas de videovigilancia en el ámbito laboral y de seguridad ha traído consigo desafíos importantes en materia de preservación de evidencia digital. En el presente artículo se analiza un caso en el que las imágenes obtenidas de un sistema de videovigilancia fueron ofrecidas como prueba, generando una serie de cuestionamientos respecto a su autenticidad, manipulación y validez legal.
Contexto del Caso
En la causa que abordamos, se puso de manifiesto la presencia de imágenes captadas por un sistema de videovigilancia cuya integridad y autenticidad fueron puestas en entredicho. La parte contraria confrontó la prueba argumentando, en primer lugar, que no era posible determinar con certeza si las imágenes habían sido editadas, modificadas o alteradas de alguna manera. Esta postura pone en el centro la importancia de la preservación del original digital en el que se registran los hechos, porque cualquier manipulación –aunque se limite a tareas de corte, copiado o composición– puede afectar el análisis forense.
Proceso de preservación y oferta de prueba
El método empleado por la parte oferente mostró varias etapas de manipulación:
1. Captura con cámara celular: se grabó la pantalla del DVR con un teléfono móvil.
2. Descarga y organización: los videos se transfirieron del celular a una carpeta ordenada por fecha (por ejemplo, “9 de septiembre”).
3. Composición de clips: todos los fragmentos correspondientes a un mismo día se editaron y unieron en un único archivo de video.
4. Entrega en pendrive: fue ese archivo compuesto el que se presentó ante el tribunal, en lugar de las secuencias originales extraídas del DVR.
Aunque tales tareas de edición no implican necesariamente la alteración del contenido (por ejemplo, recortar no significa falsear), sí socavan el principio de originalidad de la prueba. Cada corte y cada captura de pantalla conllevan pérdida de metadatos forenses y posible compresión (especialmente si se enviaron o respaldaron vía WhatsApp), lo que dificulta la reconstrucción exacta del archivo original.
La Actitud de la Parte Contraria
El eslabón del debate radicó en varios puntos de discordia probatoria:
Duda sobre la integridad de las imágenes: La parte opositora cuestiona la capacidad de verificar si las videofilmaciones fueron simplemente compiladas o si sufrieron alteraciones sustanciales. Aunque la edición de un video no implica necesariamente la alteración del contenido per se, el hecho de recortar y reordenar segmentos puede generar dudas sobre la cadena de custodia y la fidelidad al suceso original.
Origen y suscripción de los documentos: Se invoca el principio de que solo deben reconocerse aquellos documentos o pruebas que, en forma directa, emanen de la parte responsable. En este sentido, se sostiene que las imágenes no fueron emitidas ni suscriptas por la parte contraria, lo cual no sería necesario en caso de que quien aparezca en las imágenes es la persona de la parte contraria.
Licitud de la prueba: Otro aspecto señalado es la ausencia de señalización adecuada de las cámaras de videovigilancia, lo que contraviene la normativa vigente y el derecho a la información del trabajador. Es imperativo que cualquier sistema de captura visual en un entorno laboral cuente con la debida notificación al personal, garantizando la transparencia en el control y la seguridad.
Puntos Periciales y Técnicos
El peritaje solicitado giró en torno a dos interrogantes esenciales:
¿Han sido manipuladas las imágenes durante su proceso de edición?
¿Se puede verificar la autenticidad de dichas imágenes?
Estos aspectos, si bien son complementarios, deben analizarse de forma diferenciada. La manipulación aquí no se entiende únicamente como la alteración del contenido, sino también como el montaje de diversas secuencias mediante técnicas de edición. En el caso narrado, la preservación se llevó a cabo de manera inusual:
Una persona utilizó su cámara celular para realizar una videofilmación de la pantalla del DVR.
Posteriormente, los archivos fueron descargados, clasificados por fecha y compuestos en un video único.
Este procedimiento, al implicar cortes y ensamblajes, constituye una forma de manipulación que puede perder información forense crucial.
Esta situación resalta la importancia de aplicar el principio de originalidad de la prueba, conocido en el derecho anglosajón como Best Evidence Rule. Dicho precepto exige que, para demostrar hechos, se presenten los medios más idóneos y originales, sin que existan intermediaciones o modificaciones que puedan mermar la fiabilidad del elemento probatorio.
La Importancia del Formato Original
Otro elemento crucial en el análisis es el uso del formato original de los archivos digitales. Se enfatiza que los documentos probatorios –sean grabaciones, fotografías o videofilmaciones– deben extraerse directamente desde el dispositivo origen (por ejemplo, el DVR o el dispositivo celular) sin someterlos a procesos de compresión o conversión, como podría ocurrir al enviarlos por aplicaciones de mensajería como WhatsApp. La razón es que dichas transformaciones pueden modificar la estructura y reducir la cantidad de datos útiles para un análisis forense riguroso.
Es cierto que el formato original puede presentar inconvenientes prácticos:
No siempre es directamente reproducible con software convencional de procesamiento de video.
En ocasiones, se requiere el uso de ejecutables (.exe) descargados desde el propio sistema de seguridad para poder visualizar o extraer la información de manera adecuada.
Este reto técnico subraya la necesidad de contar con protocolos claros y normativas actualizadas que rijan la preservación de evidencia electrónica, garantizando que la información se mantenga íntegra y susceptible de análisis en cualquier instancia judicial.
Reflexiones Finales
El caso aquí expuesto nos recuerda la trascendencia de conservar la originalidad y la integridad en la preservación de pruebas digitales. La manipulación –aunque no altere el contenido esencial– puede implicar la pérdida de datos forenses críticos y, en consecuencia, afectar la credibilidad de la evidencia presentada en un proceso judicial.
Para avanzar en la materia, resulta fundamental que el marco normativo se actualice y adecue a los desafíos propios de la tecnología actual. La aplicación de principios como el Best Evidence Rule en el ámbito digital no solo es histórica, sino imprescindible en la era de la evidencia electrónica.
Esta experiencia invita a profesionales del derecho, peritos informáticos y especialistas en seguridad a repensar y mejorar los protocolos de preservación, garantizando que toda prueba que se presente ante los tribunales sea fiel reflejo de la realidad, sin alteraciones que puedan poner en riesgo el análisis y la justicia.
La presente reflexión abre la puerta a profundizar en nuevas metodologías forenses y en la implementación de sistemas más rigurosos en la cadena de custodia digital. En futuras disquisiciones, podríamos explorar cómo la tecnología blockchain o algoritmos de firma digital pueden ofrecer garantías adicionales en la preservación de la evidencia electrónica, un tema que cada vez cobra mayor relevancia en la práctica jurídica moderna.
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